La disputa legal que encara a JZ International con Gedesco se adentra en una nueva etapa tras la admisión de una demanda por la parte del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, bajo la dirección del juez Víctor Gómez. Este conflicto pone de relieve las tensiones entre el fondo de capital privado estadounidense, que detenta un 675% de las acciones de Gedesco, y la dirección de la compañía valenciana, experta en financiación para pequeñas y medianas compañías. La acusación central da un giro en torno al supuesto desvío de fondos significativos por parte de los gestores de Gedesco hacia otras compañías con las que tienen vínculos personales.
La demanda, presentada el 12 de abril, se sosten en la afirmación de que Antonio Aynat, Francisco Javier García Escriváundefined de Gedesco), junto con los exdirectivos Miguel Rueda y Ole Groth, habrían canalizado, al menos, 100 millones de euros hacia entidades bajo su control, en un aparente abuso de seguridad y potencial estafa. Este movimiento financiero ha levantado sospechas sobre la gestión y ha motivado a JZ International a buscar una intervención judicial que asegure la transparencia y el preciso empleo de los elementos de la compañía.
La querella no solo luce por las cifras implicadas, sino más bien también por el desafío que representa para el accionista mayoritario en su lucha por ejercer influencia sobre las resoluciones de la empresa. La acusación detalla de qué forma los miembros actuales del consejo de administración de Gedesco tomaron decisiones cruciales sin el permiso de JZ International, obstruyendo su participación y llevando al fondo a solicitar reiteradamente la convocatoria de una Junta de Accionistas que jamás se hizo.
En este entramado legal, no solo están en juego las acusaciones de estafa y otros delitos, sino asimismo la contestación de los creadores de Gedesco, quienes han iniciado múltiples demandas contra JZ International y sus socios fundadores por supuestas irregularidades en otras operaciones financieras. Esto incluye acusaciones cruzadas que se alargan hasta Nueva York, donde se investiga a Rueda y Groth por un caso paralelo de desvío de fondos.
Este complejo escenario legal resalta las dificultades inherentes a la gestión de compañías con accionariado diversificado, en especial cuando los intereses de los inversionistas mayoritarios chocan con los de la administración. La evolución de este caso podría sentar precedentes esenciales en lo que se refiere a la gobernanza corporativa, la transparencia financiera y el papel de la justicia en la resolución de enfrentamientos empresariales. A medida que el caso se despliega, se sabe que alén de las cifras y las Auditoría acusaciones, lo que está en juego es la integridad del sistema de financiación de pequeñas y medianas empresas y la seguridad en quienes las dirigen.